(BILBAO).
¿Habéis leído la noticia de que para poder acceder al abono de transportes de Madrid debes estar empadronada? Parece una cuestión burocrática más, pero esconde una política de expulsión; sí, sí, de expulsión. De momento, el anuncio de Isabel Díaz Ayuso ya se alinea con la apuesta de Vox de “prioridad nacional”, aprobada en Aragón, Extremadura y Castilla y León (veremos en Andalucía). Conseguir un padrón no es fácil: muchas viviendas se alquilan sin derecho a empadronarse y hay gente que cobra por acceder a padrón. Es decir, esta medida afectará sobre todo a personas migrantes.
Madrid es una máquina centrípeta que atrae a mucha gente a trabajar y a estudiar porque no hay otra alternativa y porque así lo programan las políticas públicas: hay sectores laborales sin presencia en otros territorios y no en todas las comunidades se ofertan todos los grados universitarios. Nos guste o no, casi todo pasa por Madrid. Pero las autoridades de la capital piensan que existe una pulsión irrefrenable por ir y estar allí. Dificultar el acceso al abono transporte precariza aún más la vida de quienes andan por la capital porque no hay más opciones. ¿Te puedes empadronar en un piso compartido, que está sin declarar, y en el que vivirás solo unos meses? O, peor aún, ¿en una habitación compartida de un piso compartido?
No hay que olvidar, por cierto, que las administraciones públicas deberían incentivar el uso del transporte público, no hacer todo lo contrario.
Lo de convertir a Madrid en un castillo no es nuevo: un decreto de 1957 prohibió la entrada en la capital a trabajadoras y trabajadores de Andalucía y Extremadura que no tuvieran vivienda. “Los que llegan, ¿a qué vienen?”, recogía un reportaje publicado entonces en la revista Semana. Comentarios similares se leen estos días en redes.
